jueves, 8 de octubre de 2026

Arroz caro, campesino pobre: la factura de una especulación impune.

 


Cada vez que el precio del arroz se dispara en las tiendas y mercados, la historia se repite como un disco rayado. Salen las autoridades a anunciar controles de precios en la esquina, la ciudadanía se indigna por el golpe al bolsillo y el debate público vuelve a señalar al campo. Pero la denuncia de Asopracort es tajante y cierta: la cosecha no se ha detenido y ese dinero extra que hoy le cuesta a la familia ecuatoriana no llega a las manos del agricultor.   

El problema del arroz en Ecuador no es de producción; es de estructura y de intermediación. El pequeño productor, ahogado por los costos de los insumos y la falta de liquidez, entrega su saca de arroz cáscara al precio mínimo de sustentación (o incluso por debajo cuando el mercado se satura). Sin embargo, una vez que el grano entra a las piladoras y a las redes de distribución mayorista, el precio se multiplica. 

Entre la especulación por la salida de grano hacia países vecinos, el almacenamiento estratégico a la espera de mejores márgenes y el pretexto del clima, el intermediario captura la mayor tajada sin haber tocado la tierra. ¿Y qué hace el Estado? Lo mismo de siempre. Se despliegan operativos policiales para sancionar a la tienda de barrio, mientras las grandes bodegas y los flujos de distribución mayorista operan sin mayor fiscalización. 

Desde que se liquidó la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP), el país perdió la capacidad de acopiar reservas estratégicas para frenar la especulación en momentos de incertidumbre. Se persigue la consecuencia en el mostrador, pero se tolera la causa en la cadena de acopio.

Si de verdad se quiere proteger la mesa de los ecuatorianos y el trabajo de nuestros agricultores, el camino no son las fotos de comisarios pesando fundas de arroz en el mercado. Se requiere auditoría real a los inventarios de la agroindustria, control efectivo en fronteras, fomento a la asociatividad con infraestructura de secado y pilado propia para los campesinos, y una política agraria de Estado que deje de tratar la soberanía alimentaria como un asunto de simple oferta y demanda. 

Mientras eso no ocurra, seguiremos atrapados en la misma coyuntura: consumidores pagando arroz a precio de oro y campesinos recibiendo centavos por su esfuerzo. (Vicend2z)