El día el que el Presidente Correa instó a la ciudadanía a no comprar la "prensa corrupta" como un mecanismo para contribuir con su gubernamental proyecto político llamado "revolución ciudadana", sorprendió a más de uno que nos negábamos a creer lo que estábamos escuchando.
Prohibir además que los funcionarios del gobierno concedan entrevistas a los medios so pretexto de que la decisión es consecuente a un pensamiento político, es desde mi punto de vista descabellado, e incongruente.
Y aunque afirmen que el recorte de entrevistas no implica un "ataque a la libertad de expresión" jurídicamente atenta contra el deber de informar porque es una obligación de los servidores públicos a transparentar sus actos.
No recuerdo honestamente a gobiernos anteriores que hayan tomado similar desmedida, pues aún en momentos difíciles concedían las entrevistas para aclarar lo que desde su punto de vista era la verdad.
Es un desatino tan grande que me pregunto cuál sería la posición del gobierno si en el eventual caso los medios a quienes califica de corruptos se negasen a conceder entrevistas a los funcionarios púbicos.
¿Quién conspira contra quién? No me sorprendería que las cadenas informativas se constituyesen en el medio que ellos emplearían para que la ciudadanía forzosamente tenga que enterarse la opinión de los funcionarios sobre temas cuestionados. Cualquier que sea la intención no estamos lejos de que la medida finalmente terminará afectándolos.
