Por: Vicente Andrade Y.
En la provincia de El Oro, una práctica municipal ha encendido las alarmas del sector productivo: el cobro de la tasa de recolección de basura a través de las planillas de energía eléctrica. Este mecanismo, que ha sido cuestionado como ilegal e inconstitucional, ha llevado al sector camaronero a presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, la cual fue admitida a trámite en enero de 2025. Este caso no solo pone en el centro del debate la legalidad de los métodos de cobro municipales, sino también el impacto económico que estas prácticas tienen en sectores clave de la economía ecuatoriana, como el camaronero, que representa una de las principales fuentes de ingresos de la provincia.
El Problema: Un Cobro Cuestionado
En El Oro, los 14 municipios de la provincia han implementado el cobro de la tasa de recolección de basura mediante las facturas de energía eléctrica, gestionadas por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL-EL.ORO). Si bien este mecanismo busca facilitar la recaudación, el sector camaronero argumenta que es ilegal, ya que no existe una base constitucional clara que permita a los municipios delegar este cobro a las empresas eléctricas. Según el ex asambleístas, Jorge Álvarez, esta práctica representa un "cobro indebido" que afecta directamente a los productores, quienes ya enfrentan altos costos operativos en un contexto económico desafiante.
El sector camaronero, pilar económico de El Oro, ha denunciado que este cobro adicional incrementa sus costos de producción, afectando su competitividad en el mercado internacional. La industria camaronera ecuatoriana, que exporta miles de toneladas anuales, se ve obligada a absorber estas tasas, lo que reduce los márgenes de ganancia y pone en riesgo empleos y la sostenibilidad del sector.
Una Práctica Extendida, Pero No Uniforme
El caso de El Oro no es aislado. En provincias como Pichincha (Quito) y Azuay (Cuenca), la tasa de recolección de basura también se cobra a través de las planillas de energía eléctrica. En Quito, por ejemplo, se aplica un 15% adicional al valor del servicio eléctrico, mientras que en Cuenca el cobro está explícitamente indicado en las facturas de la Empresa Eléctrica Regional El Oro. Sin embargo, en Guayas (Guayaquil), el cobro se realiza a través de la factura de agua potable, gestionada por Interagua, lo que demuestra la falta de uniformidad en los métodos de recaudación a nivel nacional.
A pesar de que esta práctica está extendida, solo en El Oro se ha elevado una demanda formal de inconstitucionalidad. Esto podría deberse a la importancia del sector camaronero en la provincia, que ha organizado una respuesta colectiva frente a lo que considera una injusticia. En otras provincias, como Pichincha y Azuay, no se han reportado demandas similares, lo que sugiere que la percepción de ilegalidad o el impacto económico no ha generado la misma movilización.
Impacto en el Sector Productivo
El cobro de la tasa de basura a través de las planillas eléctricas no solo es un problema de legalidad, sino también de equidad económica. Para el sector camaronero de El Oro, que opera con márgenes ajustados debido a la competencia global y los costos asociados a la producción, cualquier carga adicional puede tener consecuencias significativas. Según datos de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), y de la Federación Nacional de Acuicultores (FEDAC), el sector camaronero genera miles de empleos directos e indirectos en la provincia, y cualquier medida que afecte su rentabilidad pone en riesgo la estabilidad económica de la región.
Además, el cobro en las facturas eléctricas puede ser desproporcionado para las empresas productivas, que consumen grandes cantidades de energía para sus operaciones. Esto significa que las tasas de basura, calculadas como un porcentaje del consumo eléctrico, resultan en montos elevados que no necesariamente reflejan el volumen real de desechos generados por estas empresas. Esta falta de proporcionalidad es uno de los principales argumentos de la demanda presentada ante la Corte Constitucional.
El Camino Legal: ¿Un Precedente Nacional?
La admisión de la demanda por parte de la Corte Constitucional marca un hito importante. Si la Corte falla a favor del sector camaronero, podría sentar un precedente que obligue a los municipios de todo el país a revisar sus métodos de cobro. Esto no solo beneficiaría a El Oro, sino que podría abrir la puerta a cuestionamientos en otras provincias donde se utiliza el mismo mecanismo.
Sin embargo, la resolución del caso no será inmediata. La Corte Constitucional deberá analizar si el cobro a través de las planillas eléctricas viola principios constitucionales, como el de autonomía municipal o el de equidad tributaria. Mientras tanto, el sector camaronero y otros actores productivos de El Oro mantienen la presión para que se elimine esta práctica, exigiendo transparencia y justicia en la gestión municipal.
Llamado a la Acción
El caso de El Oro pone de manifiesto la necesidad de revisar las políticas municipales de recaudación en todo el país. Los gobiernos locales deben garantizar que los cobros por servicios como la recolección de basura sean justos, transparentes y proporcionales al servicio prestado. Para el sector productivo, que es el motor de la economía ecuatoriana, estas prácticas no solo representan una carga económica, sino también un obstáculo para el desarrollo sostenible.
Invitamos a los lectores a seguir de cerca este caso y a participar en el debate sobre la gestión municipal y su impacto en los sectores productivos. ¿Es justo que los costos de recolección de basura se trasladen a las facturas de servicios básicos? ¿Deberían los municipios buscar alternativas más equitativas? El futuro de la economía de El Oro, y posiblemente de otras provincias, depende de las respuestas a estas preguntas. (O)
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